Nueva normativa europea sobre deportaciones: qué cambia para los migrantes irregulares y a quién puede afectar
La política migratoria europea se encamina hacia un endurecimiento de las normas de retorno. El Parlamento Europeo dio el 26 de marzo de 2026 un paso al respaldar el inicio de negociaciones sobre una nueva regulación que pretende agilizar las expulsiones de personas extranjeras que no tengan derecho legal a permanecer en la Unión Europea. La votación salió adelante con 389 votos a favor, 206 en contra y 32 abstenciones.
Conviene aclararlo desde el principio: la norma todavía no ha sido aprobada de forma definitiva. Lo que ha hecho la Eurocámara es dar luz verde a la siguiente fase del procedimiento legislativo, en la que deberán negociarse los detalles del texto con el Consejo de la Unión Europea.
Una reforma para hacer más eficaces las expulsiones
La propuesta busca reformar el sistema europeo de retornos para que las decisiones de expulsión se ejecuten con mayor rapidez y de forma más coordinada entre los distintos Estados miembros. En la práctica, Bruselas quiere reducir los casos en los que una orden de salida se dicta, pero nunca llega a cumplirse.
El nuevo marco está pensado para personas de países no pertenecientes a la UE que se encuentren en situación irregular, ya sea porque entraron sin autorización, porque su solicitud de protección fue rechazada o porque han perdido el derecho legal a residir en territorio europeo. No se dirige a ciudadanos comunitarios ni a extranjeros con residencia regular en vigor.
La “Orden Europea de Retorno”, una de las claves del nuevo sistema
Uno de los cambios más relevantes es la creación de una especie de “Orden Europea de Retorno”, con la que una decisión de expulsión adoptada en un país pueda ser reconocida y aplicada en otro Estado miembro. El objetivo es impedir que una persona en situación irregular evite su expulsión simplemente desplazándose dentro de la Unión.
Esta medida pretende reforzar la cooperación entre países y evitar vacíos en el sistema actual. Para las autoridades europeas, el retorno debe dejar de ser una decisión meramente administrativa y convertirse en una resolución realmente ejecutable en todo el espacio europeo.
Más obligación de colaborar y más presión sobre quien no cumpla
La propuesta también endurece las obligaciones de las personas afectadas por una orden de retorno. El texto prevé una mayor exigencia de cooperación con las autoridades durante el proceso de identificación, documentación y preparación de la salida del país.
Si una persona no colabora, se oculta o incumple las condiciones impuestas por las autoridades, su situación puede complicarse. En esos casos, la normativa prevé una respuesta más severa por parte de los Estados miembros, especialmente cuando exista riesgo de fuga o dificultades para ejecutar la expulsión.
Detención de hasta 24 meses en los casos más complejos
Uno de los puntos más controvertidos del texto es la posibilidad de ampliar la detención de personas sujetas a retorno hasta un máximo de 24 meses. Según el Parlamento Europeo, esta medida podría aplicarse cuando exista falta de cooperación, riesgo de fuga o amenazas para la seguridad pública.
La detención no se plantea, al menos formalmente, como una medida automática, sino como una herramienta de último recurso. Aun así, el hecho de ampliar el plazo máximo de internamiento ha provocado preocupación entre organizaciones sociales y sectores que alertan del impacto que podría tener sobre los derechos fundamentales de los migrantes.
Qué pasará con los menores
La propuesta introduce garantías específicas para menores de edad. El Parlamento Europeo señala que, en el caso de menores no acompañados y familias con hijos, la detención solo debería aplicarse como último recurso y durante el menor tiempo posible, teniendo en cuenta el interés superior del menor.
Aun así, este sigue siendo uno de los aspectos más sensibles del debate migratorio europeo, ya que la aplicación práctica de estas garantías dependerá en gran medida del texto final y de cómo cada país lo traslade a sus procedimientos internos. Esta última apreciación es una inferencia razonable a partir del proceso legislativo aún abierto.
Primero se prioriza la salida voluntaria
Antes de llegar a una expulsión forzosa, el sistema europeo sigue dando prioridad a la salida voluntaria. La idea es que la persona afectada abandone el país por sus propios medios dentro del plazo que establezcan las autoridades. Si no lo hace, podrá activarse el retorno forzoso y, además, imponerse una prohibición de entrada.
Es decir, la expulsión inmediata no sería la primera opción en todos los casos, pero la reforma sí busca que, cuando una orden de retorno exista, las posibilidades de eludirla sean menores que hasta ahora.
A qué países podrían ser enviados los migrantes
Otro de los aspectos que más debate ha generado es el relativo al destino de las personas expulsadas. La propuesta contempla el retorno al país de origen, pero también abre la puerta a retornos hacia terceros países considerados seguros o a países con los que existan acuerdos específicos para la readmisión.
Este planteamiento ha reavivado las críticas de organizaciones y sectores políticos que temen que la externalización de retornos pueda traducirse en menos garantías para los afectados si no existen controles estrictos sobre el respeto a los derechos humanos.
Prohibición de entrada en toda la Unión Europea
La propuesta también prevé prohibiciones de entrada para quienes no cumplan una orden de retorno o representen un riesgo para la seguridad. En determinados supuestos, esa prohibición podría extenderse a todo el territorio de la Unión Europea y durar varios años. En los casos más graves vinculados a la seguridad, incluso podría llegar a ser permanente.
Qué significa todo esto ahora mismo
Por ahora, el mensaje principal es doble. Por un lado, la Unión Europea quiere endurecer y hacer más operativo su sistema de deportaciones y retornos. Por otro, la nueva normativa aún no está cerrada y deberá seguir su tramitación antes de entrar en vigor.
En consecuencia, quienes estén en situación irregular podrían verse afectados en el futuro por un marco más estricto, con más intercambio de información entre países, más facilidad para ejecutar expulsiones y menos margen para evitar una orden de retorno cambiando de Estado miembro. Esa conclusión se desprende del sentido general de la propuesta respaldada por la Eurocámara.
Un debate político que todavía no ha terminado
La reforma abre una nueva etapa en la política migratoria europea y anticipa un debate intenso en los próximos meses. El endurecimiento de los retornos cuenta con apoyo suficiente en una parte de las instituciones europeas, pero sigue siendo una cuestión profundamente controvertida por su impacto jurídico, humanitario y político.
Este artículo lo he redactado en base a esta información oficial que puedes consultar:
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20260324IPR38908/returns-regulation-meps-ready-to-start-negotiations
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20260309IPR37702/migration-the-civil-liberties-committee-adopts-a-reform-of-eu-return-rules
https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/migration-and-asylum/irregular-migration-and-return/effective-firm-and-fair-eu-return-and-readmission-policy_en?prefLang=es
https://www.europarl.europa.eu/news/en/agenda/plenary-news/2026-03-25/4/vote-on-launching-negotiations-on-the-eu-s-new-return-law
